Resumen: La Audiencia Nacional considera que carece de competencia para resolver una demanda en la que se impugna el traslado a la provincia de Murcia de una serie de trabajadores adscritos en un centro de trabajo de Albacete, por cuanto que la afectación inicial de dicha decisión se refiere únicamente a dicho centro de trabajo. Habiéndose declarado incompetente el Juzgado de lo Social procede promover cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada consiste en determinar qué salario regulador (salario mínimo interprofesional) hay que aplicar para determinar el alcance de la responsabilidad del FOGASA sobre la indemnización de despido en un supuesto en el que la deuda del citado organismo surge con motivo de la situación concursal de la empresa. En concreto, se discute si el referido SMI debe ser el vigente a la fecha del despido o a la del momento del reconocimiento del crédito por la administración concursal. Y el TS comienza por declarar la existencia de competencia funcional por deber estar a la cuantía litigiosa fijada en el trámite de conclusiones del acto de juicio y ascender en el caso de autos a 3.494,27 €, que rebasa claramente el límite legal. En lo que se refiere al fondo de la cuestión planteada, declara que el SMI debe ser el vigente en el momento del reconocimiento del crédito por la administración concursal. Y ello por ser ese el reiterado criterio de la Sala IV.
Resumen: La cuestión debatida en el recurso estriba en determinar si la sentencia de instancia era recurrible en suplicación, lo que ha sido rechazado por la Sala de lo social del TSJ de Murcia. La sentencia comentada examina de oficio la competencia funcional al ser cuestión de orden público, no resultando necesaria la existencia de contradicción entre sentencias a efectos de resolver tal materia litigiosa. Se tiene en cuenta que en la demanda rectora de las actuaciones se reclama el derecho a la percepción del incremento del 5% en la pensión de viudedad por el nacimiento de dos hijos, por lo que se discute es si la actora reúne los requisitos para el reconocimiento de tal complemento, lo que implica que la sentencia de instancia era recurrible en suplicación por aplicación de lo establecido en el art. 191.3.c de la LRJS, que se refiere a la recurribilidad de las sentencias recaídas en procesos sobre reconocimiento o denegación del derecho a percibir prestaciones de seguridad social, sin que resulte de aplicación lo establecido en el art. 191.2.g del mismo texto procesal, sobre irrecurribilidad de las sentencias recaídas en procesos cuando la cuantía litigiosa es inferior a 3.000 €
Resumen: La cuestión consiste en determinar si concurre la competencia funcional para conocer de una reclamación en materia de seguridad social inferior a 3000 €. A la demandante le fue reconocida pensión de jubilación y solicitó en demanda el reconocimiento del complemento de maternidad en porcentaje del 10% en vez del 5% reconocido. La cuantía reclamada en cómputo anual es inferior a los 3000 €. La Sala examina de oficio la competencia funcional pues, partiendo de que la cuantía reclamada no alcanza el límite legal de acceso al recurso de suplicación, ha de determinarse si concurre la afectación general. La Sala IV considera, con remisión a la doctrina jurisprudencial, que existe una evidente afectación general por ser notoria la litigiosidad sobre la cuestión debatida. En consecuencia, al no haber resuelto la Sala de suplicación el fondo de la cuestión, se anula la sentencia recurrida y se devuelven las actuaciones para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión debatida.
Resumen: Se cuestiona la fecha final de devengo del subsidio de IT tras resolución denegatoria de la IP: si debe ser la fecha de la resolución o la de su notificación al interesado. Resuelve el TS que es hasta la notificación, reiterando doctrina porque sólo a partir de ese momento el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo y sólo entonces tendrá derecho a lucrar el salario, sin que la demora en la notificación de la resolución administrativa pueda perjudicar al beneficiario. Apela el TS a la relevante modificación del art. 128.1 a) de la LGSS por Ley 40/2007 que introdujo un trámite de disconformidad del interesado frente al alta médica, con expresa prórroga del subsidio hasta que el alta adquiera plenos efectos, interpretación se refuerza o avala por la nueva redacción del art. 170.2 LGSS/2015, tras modificación por Ley 3/2017, de 27 de junio, de PGE para el año 2017, que ya expresamente prevé que se abone el subsidio entre la fecha de la resolución y su notificación al interesado. Previamente, pese a la escasa cuantía del pleito, estima que tiene acceso a la suplicación por la abundante litigiosidad a la que da lugar esta cuestión, lo que lleva a conocimiento del Tribunal la existencia de una afectación general que anteriormente no constaba, siguiendo así el criterio marcado por STS de 6.4.22 , R. 1289/2021 y 156/2023 de 22 febrero (rcud. 3187/2019), entre otras.
Resumen: La sentencia anotada aplica doctrina previa sobre la extinción del subsidio por incapacidad temporal por alta médica. En concreto, la cuestión litigiosa se centra en determinar si tal extinción debe tener como fecha de efectos la de la resolución administrativa del alta médica o la de su notificación a la persona interesada. En primer término, la sentencia considera que la cuestión litigiosa aunque carezca de cuantía para acceder a la suplicación presenta notoria afectación general a través de los numerosos precedentes sobre la misma cuestión planteados ante la Sala. En cuanto al fondo se recuerda que la fecha de resolución del INSS resultaba decisiva para la extinción del derecho a cobrar el subsidio de incapacidad temporal, pero el abono de la prestación debe mantenerse hasta la fecha de notificación de la resolución administrativa. Ello "porque sólo a partir de ese momento el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo y, por tanto, sólo entonces tendrá derecho a lucrar el correspondiente salario. De ahí que la mayor o menor demora en la notificación de la resolución administrativa en la que se declara el alta médica no pueda perjudicar al beneficiario de la prestación". No en vano, la Ley 40/2007, introdujo un trámite de disconformidad del interesado. Reitera doctrina.
Resumen: Reclamación de diferencias en el importe de las pagas extras de enfermera residente del SERMAS, estimadas en instancia y suplicación. En RCUD, el TS admite competencia funcional, por afectación general, al tener constancia de que se ha planteado similar cuestión ante diferentes órganos judiciales de todo el territorio nacional, dictándose un importante número de sentencias por las Salas de lo Social e, incluso, llegando a esa Sala 4ª diferentes RCUD sobre la misma materia. Pero inadmite el recurso por falta de contradicción: En la de contraste, en conflicto colectivo, se reclamaba el derecho de los trabajadores en formación del Servicio de Salud del Principado de Asturias a que el importe de las pagas extraordinarias fuera igual al sueldo base durante el primer año de residencia más el complemento por formación, para lo que tiene en cuenta el Acuerdo de la Mesa General de Negociación del Principado de Asturias de 15.04.2015, confirmándose la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda con razonamientos dispares a los que emplea la recurrida. En ésta, se hace constar que las leyes presupuestarias autonómicas no permiten autorizar un cambio normativo en la regulación material de régimen retributivo del personal afectado, lo que es competencia exclusiva del Estado. Asimismo, en la de contraste se aborda la vulneración de los derechos fundamentales a la negociación colectiva y a la libertad sindical; debate inédito en la sentencia actualmente recurrida.
Resumen: No hay afectación general si existe cosa juzgada respecto del reconocimiento del derecho y solo se debaten ciertas cantidades derivadas de ese derecho por importe inferior a 3.000 €.
Resumen: RCUD. CANTIDAD y reintegro: interpretación de los art. 52 y 53 del Acuerdo de 10-12-2010 suscrito entre la Comisión Nacional Mercado Valores con el Comité de Empresa, sobre ayudas de comida y trasportes. El acuerdo se dejó en suspenso por la CNMV como consecuencia del informe previo de la Intervención General de la Administración del Estado al señalar que era contrario a la legalidad vigente. Posteriormente, previa consulta a la Abogacía del Estado fue anulado por la empresa y se reclamó a todos los trabajadores la restitución de las cantidades recibidas. Frente a esa decisión se planteó demanda de Conflicto Colectivo, que fue estimada por la AN apreciando la prescripción. Ahora, en este procedimiento la CNMV reclama a la actora por dichos conceptos las cantidades que en su día indebidamente le fueron abonadas. La sentencia de instancia estima la demanda e interpuesta suplicación por la trabajadora, esta fue igualmente desestimada. En RCUD la actora discute la competencia funcional, la aplicación de cosa juzgada, la prescripción y la existencia de causa torpe. Se aprecia la competencia funcional por concurrir afectación general. La cosa juzgada y falta de prescripción se rechaza por falta de contradicción. En cuanto a la causa torpe basada en que la acción de reclamación de devolver las cantidades reclamadas no procede por causa solo imputable a la empresa, se rechazó también por falta de contradicción. En suplicación la trabajadora no solicitó intereses moratorios.
Resumen: El TSJ carece de competencia funcional para conocer de recurso de suplicación frente a sentencia revocatoria de sanción por falta muy grave conforme al art. 191.2.a) de la LRJS. En tales casos, el recurso solo procede en relación a pretensiones vinculadas con la vulneración de derechos fundamentales, que, en este caso, no ha sido invocada.
